El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha cambiado su protocolo de vuelta a clase para endurecer el uso de mascarillas en las universidades. Antes sólo se recomendaba si no se podía garantizar una distancia de seguridad de 1,5 metros. Ahora se tendrán que utilizar en todas las clases presenciales y en los espacios comunes. También se actualizan las directrices de higiene para que haya que ventilar más las aulas. «Se recomienda mantener las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible», señalan las nuevas normas, que suprimen las alusiones a la «nueva normalidad» que se hacían en el documento aprobado el 10 de junio.

El Gobierno también ha establecido un nuevo protocolo de actuación ante un caso sospechoso o positivo de Covid, que luego cada autonomía podrá adaptar: las universidades deben tener un plan de actuación siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las CCAA. Si hay que cerrar un campus, la decisión deberá ser tomada de forma conjunta por los responsables de la universidad y las autoridades sanitarias y de política universitaria de la CCAA. Sólo se procederá a la clausura si se constata que hay «un número elevado de afectados».

Después de meses sin comparecer ante la opinión pública, Castells tenía previsto reunirse este lunes con las comunidades autónomas para reformular el protocolo de vuelta a clase. La expectación era enorme. Pero el ministro finalmente no ha acudido a la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria porque, según su equipo, se está recuperando todavía de una operación quirúrgica de la espalda, «no grave pero sí urgente», a la que se sometió el pasado viernes.

Le ha sustituido el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que ha dicho al terminar el encuentro se ha puesto de manifiesto «la colaboración excelente» entre las CCAA y las universidades a la hora de establecer protocolos de seguridad en las aulas. El objetivo de la reunión de este lunes es «asegurar una buena coordinación del inicio del curso» y «garantizar que tanto el personal docente e investigador, como el estudiantado y el personal de administración y servicios disponen de información precisa sobre las medidas sanitarias y educativas que se van a aplicar en el curso 2020-2021». Los cambios se ratificarán el jueves con los rectores en una reunión a la que Castells tiene previsto acudir.

Las principales líneas del documento del 11 de junio se mantienen: la educación será bimodal, una mezcla de educación presencial y a distancia que permitirá reducir los aforos. ¿Y en el caso de las prácticas obligatorias? El nuevo documento abre la puerta a que las prácticas obligatorias no sean presenciales, en función de la «naturaleza académica, forma de implementación y ubicación» de las mismas.

La situación epidemiológica es peor que la que había en junio y por eso ahora se contempla que «los centros universitarios promoverán que las reuniones de coordinación y otras actividades no docentes se realicen de forma telemática siempre que sea posible».

La principal novedad es que el uso recomendado de la mascarilla se sustituye por un uso obligatorio. Antes sólo se instaba a su utilización si los alumnos y los profesores no podían mantener la distancia de 1,5 metros. Ahora deberán llevarla «todas las personas que accedan al centro y en todos los espacios del centro, durante la permanencia en el mismo».

Eso sí, se mantienen las mismas excepciones y no estarán obligadas a llevarla las personas con dificultad respiratoria o por motivos de salud justificados, con discapacidad, dependencia o alteraciones de conducta. También durante el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de éstas, resulte incompatible el uso de mascarillas. Pero se quita del protocolo actual una de las exenciones anteriormente previstas: la que permitía no llevarla «cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas».

La otra gran novedad es una nueva recomendación para «intensificar la ventilación de todos los espacios del centro, y al menos durante 10 o 15 minutos (antes eran entre cinco y 10 minutos) al inicio y final de la jornada, y en las aulas después de cada clase». «Se recomienda mantener las ventanas abiertas todo el tiempo posible», dice el protocolo.

Castells mejora también las normas de actuación si se detecta un caso. Para empezar, todos los campus deben tener un coordinador Covid que actuará como interlocutor con los servicios sanitarios y establecer un protocolo ante la detección de un sospechoso. Este protocolo debe seguirse siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad y de las CCAA.

¿Qué hacer si aparece un estudiante o profesor con síntomas? Lo primero que se hará es llevarle a un espacio de aislamiento bien ventilado y ponerle una mascarilla quirúrgica (que debe facilitar la universidad). El acompañante también deberá colocársela. La persona que inicia síntomas debe llamar al centro de salud, salvo que esté con dificultad respiratoria, cuando llamará el coordinador Covid.

El afectado debe permanecer aislado en su casa hasta que tenga los resultados de las pruebas y no acudir hasta pasados tres días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No podrá incorporarse a la actividad académica normal hasta que se lo digan las autoridades sanitarias.

Mientras tanto, y desde el momento en que se confirme su diagnóstico, se realizará un estudio de contactos para determinar con quién ha estado «en contacto estrecho» -«a menos de dos metros durante más de 15 minutos sin mascarilla, desde las 48 horas antes del inicio de síntomas del caso confirmado y hasta el momento en que el caso es aislado».

Una vez detectadas estas personas, deberán estar en cuarentena en su habitación y dejar de ir a clase hasta que superen la cuarentena. Se les hará un PCR y, aunque la prueba dé negativa, deberán estar aislados durante 14 días.

El resto de estudiantes matriculados en la clase del afectado que no hayan estado en estrecho contacto con él podrán seguir yendo a clase, aunque se verá en cada caso. Los estudiantes aislados tienen derecho a recibir docencia de forma presencial y, si el contagiado es un profesor, será sustituido.

«En el caso de la constatación de un número elevado de estudiantes (o resto de miembros de la comunidad universitaria) afectados, cualquier decisión que tenga afectación general de un centro o una universidad deberá ser tomada conjuntamente por los responsables de la universidad y las autoridades responsables de la política sanitaria y de la política universitaria».